El Consejo Social asegura que la nueva Ley fortalece la conexión entre la universidad pública y la sociedad canaria

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), celebró hoy una sesión plenaria extraordinaria monotemática para abordar la reciente reforma de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de  Canarias. Esta modificación legislativa, que refuerza el papel de los Consejos Sociales como vínculo entre la sociedad y la universidad pública, marca un hito en el fortalecimiento de la participación ciudadana en el sistema universitario canario.

La reforma, aprobada tras un proceso de diálogo y consenso entre los grupos parlamentarios, y que ha contado con la participación de la comunidad universitaria, busca alinear las universidades públicas con las necesidades reales de la sociedad ya que esta nueva normativa reconoce y refuerza el papel de los Consejos Sociales como cauce legítimo de participación ciudadana, permitiendo que la sociedad, principal sostén de la universidad, se implique más activamente en su desarrollo.

Durante la sesión, la presidenta del Consejo Social de la ULPGC, Ana Suárez, destacó la importancia de esta modificación legislativa para el futuro de la universidad pública, ya que “esta ley nos permite construir una universidad más abierta, más transparente, más eficiente, más excelente y participativa, en constante diálogo con la sociedad. El Consejo Social de la ULPGC es el puente que conecta las necesidades de los ciudadanos con el talento y el conocimiento que genera nuestra universidad”. Suárez subrayó que, a su juicio, “la reforma respeta estrictamente la autonomía universitaria. No es su fin desplazar a los órganos de gobierno en sus competencias académicas y de investigación, sino todo lo contrario, apoyar la labor que éstos realizan mientras fortalece su conexión con la realidad social, económica y cultural de las islas”.

De hecho, añadió la presidenta, “el nuevo papel que nos asigna la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), nos compromete a velar por la integridad académica, la transparencia, la ética y la lucha contra el fraude, reforzando nuestra responsabilidad como garantes de una universidad pública que actúe con los más altos estándares de calidad y compromiso social”.

El proceso legislativo, que se ha extendido durante el último año, se ha caracterizado por la escucha activa y la integración de diversas perspectivas, logrando un marco normativo compartido que impulsa una universidad comprometida con el desarrollo sostenible y el progreso compartido. “Estamos ante una oportunidad única para renovar la misión de nuestra universidad pública y consolidar su rol como motor de transformación y talento”, destacó Suárez.

La presidenta señaló que “desde hoy, renovamos nuestro compromiso de trabajar con responsabilidad y visión compartida para que la ULPGC siga siendo un pilar fundamental para el futuro de nuestra tierra”. Con esta reforma, la ULPGC se posiciona como un agente de cambio aún más relevante, capaz de responder a los retos del presente y del futuro con una mayor implicación de la sociedad a
la que sirve.

Del mismo modo, el Rector de la ULPGC, LLuís Serra, ha reiterado el compromiso de la Universidad con su sociedad, "un compromiso que ha sido constante y ha marcado nuestro proceder todos estos años". También destacó la colaboración continua de la ULPGC con su Consejo Social. "Junto a ellos, y antes de la aprobación de esta nueva ley,  constituimos una comisión antifraude en esta Universidad". Por último mostró su convencimiento personal de que "con esta nueva Ley, el Consejo Social va a defender de forma unánime a la universidad pública canaria frente a las universidades privadas".