El Consejo Social de la ULPGC aprueba el Plan de Control Interno de los fondos europeos Next Generation

El pleno acuerda además actualizar su reglamento conforme a la nueva Ley de Consejos Sociales de Canarias.
 
 
El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha aprobado en su sesión plenaria el Plan de Control Interno para la gestión de los Fondos Next Generation UE en la ULPGC, con el objetivo de “garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, la correcta ejecución de los hitos y la protección de frente a riesgo de fraude, corrupción o conflicto de intereses”, en palabras de la presidenta del Consejo Social, Ana Suárez.
 
El documento, que ya fue analizado por la Comisión de Integridad Institucional y Antifraude de la ULPGC, desarrolla una metodología basada en el enfoque de riesgos e incorpora como novedad, una Ficha de Seguimiento Anual por Proyecto, que permitirá a los órganos gestores informar periódicamente sobre el estado de ejecución de los mismos, así como los riesgos detectados y las medidas correctoras que deban establecerse.
 
“Con este plan, el Consejo Social asume la verificación de que las actuaciones financiadas cumplen con la normativa y con los objetivos comprometidos, así como la comprobación de la correcta aplicación de las medidas de prevención, para garantizar una correcta supervisión y ejecución de los fondos”, apuntó el secretario del Consejo Social, Miguel Ángel Acosta.
 
Paralelamente a este acuerdo, el plenario decidió la modificación de la composición de la Comisión de Integridad Institucional y Antifraude de la ULPGC incorporando a la inspección de servicios y al servicio jurídico de la Universidad.
 
Además, el Consejo Social propuso la creación y designación de un grupo de trabajo encargado de elaborar una propuesta para adecuar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social al nuevo marco surgido de la modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias.
 
En ese sentido, se ha acordado la constitución de este grupo de trabajo compuesto por el vicepresidente del Consejo Social, Jesús León, que actuará como presidente; la secretaria general de la Universidad, Inmaculada González, cuatro miembros del Consejo Social, que serán María Isabel García Bolta, Estela Marrero, José Manuel Betancort y Emilio Mayoral, y Santiago Bolaños en representación de la comunidad universitaria. Miguel Ángel Acosta actuará como secretario del grupo.
 
En otro orden de cosas, el Consejo Social también acordó en sesión plenaria la ratificación de la adscripción de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, dependiente del Cabildo de Lanzarote, a la ULPGC, y la corrección de la calificación jurídica como pública.
 
En la sesión plenaria, Ana Suárez también informó sobre los avances impulsados por el Consejo Social en materia de integridad institucional y control interno, reforzando su papel como garante del buen gobierno universitario. Entre las principales medidas destacan la concreción del canal antifraude que permite denuncias anónimas, la elaboración de un reglamento actualizado y la aprobación de planes de comunicación y medidas antifraude orientadas a la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, la Comisión de Integridad Institucional y Antifraude aprobó un Plan Anual de Formación y el encargo de un código de conducta y de política de regalos que refuercen la cultura ética de la Universidad.
 
En este marco, el Consejo Social ha promovido también una auditoría a la Fundación Canaria Parque Científico y Tecnológico, que detectó debilidades en el control de caja y la gestión de contratos menores, y ha contratado un control financiero permanente en materia de personal, con apoyo externo. Además, entre las iniciativas más destacadas figura la presentación del ‘Club de Mentores de la ULPGC’, impulsado junto al Vicerrectorado de Transferencia y Emprendimiento y el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, con el fin de conectar a profesionales experimentados con jóvenes universitarios y emprendedores para fomentar el liderazgo, las spin-offs y la transferencia de conocimiento.
 
Por otro lado, el Consejo Social analizó la situación de las residencias universitarias gestionadas por la sociedad RIC-ULPGC, donde se han detectado un importante desequilibrio entre la oferta y la demanda, con 986 solicitudes frente a 446 plazas disponibles. La residencia de Tafira, con 25 años de funcionamiento, no ha experimentado ampliaciones relevantes, y las otras dos residencias —los apartamentos de Tafira y la de Las Palmas— presentan necesidades de renovación, especialmente esta última, afectada por obras estructurales que han reducido su capacidad. Esta situación evidencia la urgencia de ampliar y modernizar la oferta de alojamiento universitario para garantizar la igualdad de oportunidades del estudiantado.
 
El rector de la ULPGC, Lluís Serra, aprovechó su intervención para defender la necesidad de contar con recursos suficientes para poder continuar con su labor en la sociedad: “Tras varios años de austeridad, ahora es el momento de las universidades públicas canarias”, afirmó.
 
Por su parte, la gerente de la ULPGC, María del Pino Alonso, adelantó la próxima puesta en marcha del primer Plan de Contratación Pública de la ULPGC e informó sobre la planificación económica de la ULPGC, que valorará la disposición de recursos para la mejora de las residencias universitarias y otras infraestructuras de la universidad.